La facilidad con la que actualmente podemos grabar conversaciones, conservar mensajes de WhatsApp o compartir fotografías plantea importantes cuestiones desde el punto de vista del derecho penal. En particular, resulta frecuente que conversaciones mantenidas en un ámbito privado terminen siendo difundidas a terceros, ya sea mediante el envío de audios, capturas de pantalla o publicaciones en redes sociales.
Ante estas situaciones, surgen varias preguntas: ¿es legal grabar una conversación sin el consentimiento de nuestro interlocutor? ¿Podemos compartir mensajes privados en los que hemos participado? ¿Y qué sucede cuando se difunden fotografías íntimas que fueron enviadas voluntariamente por su titular?
Para responder a estas cuestiones resulta necesario distinguir entre el descubrimiento y la revelación de secretos, así como atender a las diferentes modalidades delictivas contempladas en el artículo 197 del Código Penal, partiendo de que no toda grabación realizada sin consentimiento constituye un delito, del mismo modo que tampoco toda difusión de información privada puede considerarse penalmente relevante.
El artículo 197 del Código Penal contempla diferentes conductas que tienen en común la protección de la intimidad personal, aunque presentan elementos típicos distintos.
El descubrimiento de secretos, regulado principalmente en los apartados primero y segundo, comprende determinadas actuaciones dirigidas a acceder ilegítimamente a información reservada de otra persona. Así, se castiga a quien, con la finalidad de descubrir secretos o vulnerar la intimidad ajena y sin consentimiento, se apodera de documentos o comunicaciones personales, intercepta telecomunicaciones o utiliza determinados dispositivos de escucha o grabación. También se castigan determinadas conductas de acceso o utilización no autorizada de datos personales reservados.
Por su parte, la revelación de secretos se refiere a la posterior divulgación de esa información. En particular, el artículo 197.3 CP contempla una modalidad agravada cuando se difunden, revelan o ceden a terceros los datos, hechos o imágenes descubiertos u obtenidos mediante las conductas ilícitas descritas en los apartados anteriores, es decir, cuando a la revelación del secreto le precede su previo descubrimiento.
La diferencia resulta especialmente relevante porque el descubrimiento de secretos no requiere necesariamente la posterior divulgación de la información obtenida. Del mismo modo, para apreciar la modalidad de revelación no basta con acreditar que se ha compartido un contenido privado, sino que es necesario examinar cómo se obtuvo y si concurren los presupuestos exigidos por el tipo penal.
Para determinar si la grabación de una conversación puede constituir un delito, resulta esencial distinguir entre aquellas realizadas por uno de sus interlocutores y las efectuadas por quien pretende conocer una comunicación ajena.
Con carácter general, grabar una conversación en la que participamos no constituye, per se, un delito de descubrimiento de secretos. La situación es distinta cuando una persona intercepta o graba clandestinamente una conversación ajena en la que no participa, con alguna de las finalidades previstas en el artículo 197.1 CP.
Sobre esta cuestión resulta especialmente relevante la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, nº 521/2026, de 28 de julio, que examina un supuesto en el que una mujer obtuvo clandestinamente la grabación de una conversación privada mantenida entre su entonces marido y otros familiares, aportándola posteriormente a un procedimiento judicial.
El Tribunal Supremo confirmó la condena por el delito del artículo 197.1 CP y recordó, en su fundamento jurídico sexto:
“Intervenir una conversación privada con alguna de las finalidades expresadas por el art. 197.1 CP (descubrir secretos o desvelar intimidad) es conducta merecedora de sanción penal, con independencia de la relevancia en esos planos de los datos obtenidos o conocidos. No es un delito cuya consumación exija una afectación efectiva de la intimidad. Por tanto, estaremos ante la tipicidad del art. 197.1 CP aunque finalmente la conversación grabada, en contra de lo buscado por la autora, hubiese derivado inmediatamente a temas intrascendentes o triviales como un evento deportivo o las preferencias futbolísticas. No se exige una efectiva vulneración de la intimidad para la consumación.”
Por tanto, cuando una persona intercepta ilegítimamente una conversación ajena con la finalidad exigida por el precepto, la conducta puede ser delictiva incluso aunque el contenido finalmente descubierto carezca de especial trascendencia. La sentencia confirma, asimismo, que la posterior utilización judicial de una grabación no excluye por sí misma la ilicitud de su obtención.
La utilización de conversaciones y mensajes como prueba en un procedimiento penal plantea, además, cuestiones sobre su autenticidad e integridad, que analizamos en nuestro artículo sobre la validez de la prueba electrónica en el procedimiento penal.
Una cuestión diferente se plantea cuando quien divulga una conversación privada es uno de los propios interlocutores. En estos supuestos, la falta de consentimiento para su difusión no determina automáticamente la existencia de un delito del artículo 197 CP.
Así lo establece la STS 259/2022, de 17 de marzo, que examina un caso en el que el acusado publicó en Facebook capturas de conversaciones íntimas mantenidas con su expareja, incluyendo una de contenido sexual, con la intención de desprestigiarla.
El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación y absolvió al acusado del delito de revelación de secretos, al considerar que no concurrían las conductas de acceso ilegítimo exigidas por los apartados primero y segundo del artículo 197 CP. En este sentido, la Sala señala:
“Este no protege cualquier afectación del derecho a la privacidad. La protección penal solo se activa frente a específicos modos de lesión mediante los que un tercero no autorizado accede al dato divulgado por alguna de las fórmulas prohibidas precisadas en el tipo.”
En aquel supuesto, el acusado había participado voluntariamente en las conversaciones y conservaba legítimamente los mensajes, por lo que no podía considerarse un tercero no autorizado respecto de su contenido. El Tribunal Supremo explica:
“El Sr. Celestino divulgó contenidos comunicativos que afectaban a la intimidad de la Sra. Susana , pero no pueden entenderse como de exclusiva titularidad de esta desde el momento en que de manera libre los comunicó al interlocutor, el hoy recurrente. Los mensajes son, por tanto, el objeto de un acto comunicativo bidireccional.”
Ahora bien, la absolución penal no supone que la divulgación de aquellas conversaciones fuera legítima. La propia sentencia reconoce que podía existir una lesión del derecho a la intimidad, aunque no todas estas vulneraciones encuentran necesariamente respuesta en el Derecho Penal, pudiendo generar, en su caso, responsabilidad civil.
Distinto es el supuesto en el que la conversación ha sido obtenida ilícitamente y, posteriormente, divulgada. Sobre esta cuestión se pronuncia la STS 891/2025, de 30 de octubre, relativa a la grabación no consentida de una conversación telefónica entre un padre y sus hijos menores, posteriormente enviada a un grupo de WhatsApp integrado por 23 progenitores.
Aunque el Tribunal Supremo confirmó la relevancia penal de la obtención de aquella conversación y apreció la agravación correspondiente a la condición de menores de las víctimas, descartó aplicar el artículo 197.3 CP al existir dudas sobre el carácter intencionado de su divulgación. La Sala razona:
“En definitiva, es cierto, como se dice en el motivo, que el hecho de borrar la conversación no excluye la consumación de la difusión, lo que sucede en el caso, es que, habiendo elementos para poner en duda el ánimo de querer difundirla, al encontrarnos con un delito doloso, no cabe la comisión del mismo por imprudencia, tal como resulta de lo dispuesto en el art. 12 CP.”
Por tanto, la eliminación posterior de un mensaje no impide necesariamente que su difusión se haya consumado, aunque para apreciar esta modalidad delictiva será imprescindible acreditar el correspondiente elemento subjetivo.
La divulgación de imágenes íntimas presenta particularidades que obligan a diferenciarla de la difusión de conversaciones privadas. El artículo 197.7 CP contempla específicamente la difusión, revelación o cesión no consentida de imágenes o grabaciones audiovisuales obtenidas con la anuencia de la persona afectada, cuando concurren las circunstancias previstas en el precepto y su divulgación menoscaba gravemente su intimidad.
Una de las principales particularidades de esta modalidad delictiva es que las imágenes pueden haber sido obtenidas inicialmente con el consentimiento de su titular, sin que dicha autorización permita su posterior difusión.
Así lo recuerda la STS 70/2020, de 24 de febrero, que confirmó la condena de un hombre que había recibido voluntariamente una fotografía íntima de una mujer y posteriormente la había remitido, sin su consentimiento, a quien entonces era su pareja sentimental:
“Obtiene la imagen, desde luego, quien fotografía o graba el vídeo en el que se exhibe algún aspecto de la intimidad de la víctima. Pero también obtiene la imagen quien la recibe cuando es remitida voluntariamente por la víctima, valiéndose para ello de cualquier medio convencional o de un programa de mensajería instantánea que opere por redes telemáticas.”
La sentencia también rechaza que sea necesaria una difusión masiva de las imágenes para apreciar el delito, señalando:
"Así como el vocablo difundir ha de entenderse como sinónimo de extender, propagar o divulgar a una pluralidad de personas, las expresiones revelar o ceder son perfectamente compatibles con una entrega restringida a una única persona.”
Asimismo, la protección del artículo 197.7 CP no se limita exclusivamente a imágenes de contenido sexual, sino que comprende aquellas manifestaciones de la intimidad cuya divulgación produzca el grave menoscabo exigido por la norma.
La jurisprudencia analizada demuestra que la legalidad de una grabación o de su posterior difusión no depende exclusivamente de que exista o no consentimiento, sino de las circunstancias en las que se obtiene la información y de la concreta conducta realizada.
Grabar una conversación en la que participamos no puede equipararse a interceptar clandestinamente una comunicación ajena. Del mismo modo, difundir conversaciones privadas de las que hemos sido interlocutores no constituye necesariamente un delito de revelación de secretos, aunque pueda llegar a suponer una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad.
La situación es distinta cuando la información ha sido obtenida mediante alguna de las conductas ilícitas del artículo 197 CP o cuando se divulgan imágenes íntimas en los supuestos específicamente previstos en su apartado séptimo.
En definitiva, grabar no es lo mismo que difundir, pero tampoco toda difusión constituye un delito. La correcta delimitación entre una vulneración del derecho a la intimidad y una conducta penalmente típica exige examinar los elementos concretos de cada modalidad delictiva, conforme a la interpretación que viene realizando el Tribunal Supremo.
Cuando una denuncia o investigación afecta a la obtención o difusión de conversaciones, mensajes o imágenes privadas, resulta necesario valorar las circunstancias concretas del caso y los requisitos del artículo 197 del Código Penal. Nuestros abogados penalistas en Madrid pueden asesorar tanto en la defensa de personas investigadas como en la representación de víctimas.
